El 20 de abril pasado, Gebruers fundamentó ante el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) el pedido de nulidad del fallo que condenó por abuso sexual a los docentes Marcelo Tatavitto y Oscar López, y las jardineras Gabriela Bastías y María José Tello con penas que van de los 18 años a los 3 años y medio de prisión.

Gebruers detalló por qué apuntó a la nulidad y analizó el apercibimiento que recibió en febrero el flamante fiscal general de General Pico, Armando Agüero, querellante en la causa de los abusos.

“Cuando pido la nulidad del fallo apunto a la gravedad institucional que tiene la filtración de una sentencia”, dice el abogado. Denunció que recibió, el 10 de enero de 2017, en un CD que contenía en un archivo de Word la sentencia que se leyó el 1º de febrero de 2017, condenando a los docentes. “Es una gravedad institucional que pone en evidencia que hay un resquebrajamiento de lo institucional en La Pampa”, remarca.

“Está acreditado que es sentencia, a través de un anónimo que dejaron en el porche de mi casa, llegó a mi poder. Lo presenté ante un escribano de Capital Federal el 16 de enero. Está en un sobre lacrado. La encontré en mi domicilio el día 10 de enero”, explica.

“Además de las propiedades del archivo digital que llegó a mi poder, surge que ese archivo había sido impreso en su salida el día 27 de diciembre de 2017 a las 2:47 PM (de la tarde). Esto es solo 24 horas hábiles posteriores a los alegatos”, remarca. Los alegatos se hicieron el jueves 22 de diciembre, día previo a los feriados de Navidad.

Aunque apunta a la responsabilidad del tribunal integrado por Gastón Boulenaz, Gabriel Lauce Tedín y Andrés Olié de guardar el secreto, Gebruers pone la mira en este último.

En ese anónimo, se decía que el firmante del voto era Andrés Olié, lo que se comprobó el 1º de febrero. “El voto no es digno de Olié. Lo conozco desde que era defensor particular: defendió muy bien a Hugo Nelson Agüero, en la Megaestafa del IPAV, quien es el padre del abogado querellante, Armando”, dijo Gebruers. “Ese voto no tiene fundamentos. Y no analiza razonadamente la prueba”, dijo.

Impugnación y desistimiento

Gebruers apuntó al querellante Armando Agüero. “Por otro lado, el doctor Agüero presentó el recurso de impugnación contra esta sentencia más allá del 15 de febrero de 2017, cuando ya estaba prácticamente jurando en su nuevo cargo de fiscal general en la Segunda Circunscripción”, dijo.

“Me alarma aun más cuando tomó conocimiento el día 27 de diciembre de 2016, el doctor Agüero se excluyó de participar en la defensa de un cliente en una audiencia fijada para el 28 de diciembre, bajo la excusa que estaba prácticamente en ejercicio de su nueva función. Pero no lo estaba para presentar el recurso de impugnación en esta causa de 25 de Mayo, que lo presentó 50 días después”, señaló Gebruers.

Esa renuncia le valió a Agüero un apercibimiento. “Es inexplicable que para inscribirse en cualquier concurso del Poder Judicial es un requisito indispensable no contar con sanciones impuestas en los últimos cinco años en el ejercicio profesional. Y que el doctor Agüero haya recibido una sanción por parte del Tribunal de Impugnación y que esta sanción no haya sido motivo de revocación de su designación, presenta una inhabilidad sobreviniente para el cargo que fue designado”, afirmó.

También le resulta llamativo a Gebruers que aun no se haya conformado el jury por la denuncia que presentó contra los jueces Olié, Boulenaz y Lauce Tedín.

“Como contrapartida, hubo una apurada denuncia efectuada por los jueces en la Fiscalía General. Es una acusación hacia mi persona de haber obtenido irregularmente esa archivo. Yo no se lo robé a nadie. Y no era yo quien tenía la obligación de secreto. Primero el juez que emitió el voto, segundo el presidente y tercero el juez que adhirió”, afirma el abogado santarroseño.

“Desde que se hizo esta denuncia, me están preguntando a mí y a las personas de mi entorno de dónde yo saqué el fallo. Eso se averigua fácilmente. Preguntando al doctor Olié, a quien le dio el voto”, contraatacó Gebruers.