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Brasil: condenan a Lula da Silva a nueve años de prisión

Curitiba, jueves 13 de julio de 2017

El juez federal Sergio Moro cumplió el “gran sueño” que había albergado desde un primer momento del caso Lava Jato. Condenó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 años y medio de prisión por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

La causa que llevó al magistrado a incriminarlo fue la compra, nunca concretada, de un departamento de tres pisos en Guarujá, en el litoral marítimo paulista.

Según deducciones del juez de Curitiba y sus fiscales, Lula y su familia habrían buscado hacerse de esa propiedad como parte de pago de sobornos de la constructora OAS, a cambio de recibir “ventajas indebidas”. Ocurre que el inmueble permaneció, siempre, a nombre de esa empresa que inclusive lo empeñó, junto a otros bienes, como garantía para la obtención de créditos.

La sentencia contra el ex jefe de Estado, que gobernó Brasil por dos períodos consecutivos entre 2003 y 2010, impone también el pago de 200 mil dólares de multa y la caducidad de los derechos políticos del ex líder sindical por 19 años; lo que de hecho llevaría a restituírselos cuando cumpla los 90.

El juez de Paraná adquirió su fama actual al desentrañar la existencia de una mafia corrupta que actuaba en el seno de la petrolera estatal Petrobras, en conjunto con las grandes constructoras del país y con los principales políticos brasileños.

Dos actores claves a lo largo de las investigaciones fueron, por un lado, los ejecutivos de Odebrecht –entre ellos su ex titular Marcelo Odebrecht–; y por el otro más de un centenar de legisladores que sin embargo todavía continúan activos como miembros del parlamento actual.

En la perspectiva de Moro, Lula habría recibido en “donación” el departamento de Guarujá por interceder a favor de OAS en contratos realizados con la petrolera pública.

Con todo, algo le impidió a Moro avanzar con más “rigor” contra el ex gobernante. Fue precisamente la evaluación de ese juez de queuna detención preventiva de Lula da Silva sería “traumática”. Así dejó en manos de la Corte de Apelación que podrá, o no, tomar medidas para el encarcelamiento. (Clarín)