Santa Rosa, jueves 29 de junio de 2017
El intendente de Lonquimay, Luis Enrique Rogers, fue condenado a 5 años de prisión y 50 mil pesos de multa por el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, al considerárselo responsable como partícipe necesario del delito de trata de personas. En un todo de acuerdo con lo solicitado por el fiscal general Jorge Bonvehí, también recibió la misma pena el dueño del cabaré “Good Night” Carlos Javier Fernández, y el comisario Carlos Alaniz; y fueron condenados a dos años como partícipes secundarios Eduardo Mauricio Fernández y Brian Sacks.
El TOF dio a conocer ayer el fallo del proceso llevado adelante por el “sostenimiento de casa de tolerancia, y acogimiento de mujeres mayores de 18 años agravado por ser más de tres las víctimas” del delito.
En la sala de audiencias del tribunal, colmada por la presencia de periodistas, el presidente del TOF, Marcos Aguerrido, procedió a la lectura de la parte resolutiva, en tanto los fundamentos serán dados a conocer el próximo 5 de julio.
Sólo un imputado.
El único de los imputados presentes fue Carlos Javier Fernández, que se derrumbó luego de escuchar la sentencia, y fue confortado por su abogado Juan Carlos De La Vega quien en ese momento le dijo por lo bajo: “ya sabíamos que esto iba a terminar en la Corte”. Los otros defensores que escucharon la resolución fueron Héctor Danci (representando a Brian Sacks ), Sebastián País Rojo (Rogers) Laura Armagno (Eduardo Mauricio Fernández) y Boris Vlasich (Alaniz).
Apenas empezada la lectura, Aguerrido señaló que en el artículo 1º de la resolución se rechazaba el pedido de nulidad planteado por los abogados defensores (De La Vega y Armagno), y pasó a leer los que mencionaban las condenas a los distintos imputados, que fueron las penas que precisamente había solicitado el fiscal.
Duras penas.
Rogers, Carlos Javier Fernández y Alaniz, recibieron la misma pena: cinco años de prisión con costas e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. También esta figura de inhabilitación absoluta alcanzó al dueño del cabaré, y al oficial de policía.
En el caso del intendente, no obstante la inhabilitación, podrá continuar en su cargo en tanto la sentencia no quede firme, porque tiene la posibilidad -como los demás involucrados en la causa- de apelar ante la Cámara Federal de Apelaciones en Buenos Aires.
Expectativa.
Desde temprano el pequeño e inadecuado local donde funciona la antesala de la sala de audiencia, se vio colmado por fotógrafos, camarógrafos y periodistas, y también se pudo ver a representantes de Mujeres por la Solidaridad, Cristina Ercoli y Mirta Fiorucci, que acompañaban a Liliana Abrate (testigo en la causa, que en algún momento se desempeñó en la comisaría de Lonquimay).
Las audiencias habían comenzado en el TOF el 23 de mayo último, y esta semana fueron los alegatos. El fiscal Jorge Bonvehí pidió las penas a las que el tribunal hizo lugar, en tanto los defensores abogaron por la absolución de sus representados.
“Extrema vulnerabilidad”.
El TOF consideró probado que hubo trata de personas, que tres de los cinco acusados tuvieron una participación primordial, y los otros dos fueron partícipes secundarios. Señaló en la resolución que Carlos Javier Fernández era el propietario del local donde se desempeñaban mujeres que, encontrándose en circunstancias de “extrema vulnerabilidad”, habían sido captadas mediante “una falsa oferta laboral”. Además Bonvehí había dado por cierto que “efectuaban pases” en habitaciones ubicadas dentro del mismo local, y que todo esto no podía ser desconocido por el jefe comunal.
En el caso del intendente, el fiscal había señalado que tenía en sus manos la posibilidad de hacer “cesar la actividad”, pero nada hizo al respecto. Por el contrario, en este diario y en declaraciones efectuadas en aquel momento manifestó que se trataba de un local “de contención para jóvenes y camioneros”.
En el caso de Alaniz la deducción fue que en su condición de jefe de la comisaría garantizaba “la sumisión” de las mujeres que trabajaban en el cabaré.
Apelarán ante Cámara de Casación
No quedó conforme con el fallo el abogado Juan Carlos De La Vega, que representaba a Carlos Javier Fernández, dueño del cabaré “Good Night”; y anticipó que el fallo del Tribunal Oral Federal será recurrido ante la Cámara de Casación en Buenos Aires.
“Pensé que harían lugar a nuestro planteo e iban a aplicar el derecho. Porque en realidad la lectura taxativa del artículo que tiene que ver con la ampliación que nos perjudicando en el último término nos daba cierta razón. No entiendo por qué no se hizo lugar”, le dijo a este diario.
De La Vega explicó que tomó la causa “cerca de la fecha del debate”, y que en ese momento le dijo a su defendido “que estos casos tienen cierto grado de mediático y cierto grado de derecho… hay un porcentaje que uno debe entender, porque la sociedad exige determinadas conductas a las que los jueces no pueden estar ajenos”, indicó.
Preguntado sobre si consideraba que hubo cierta presión social, contestó que “sí, por la experiencia que uno tiene, y ustedes como periodistas lo saben, determinados fallos tienen una tendencia de recuperación de determinados valores de la sociedad”.
Negó que se hubiera constituido el delito de trata: “Hay que esperar los fundamentos, pero estamos convencidos que aquí pudo haber otro tipo de delito pero trata no. No existió trata, porque es difícil comprender que personas que estaban sometidas entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche, que era un período que estaban solas tenían la posibilidad de hacer dedo en la ruta, que estaba a 40 metros, y escaparse”. (La Arena)
