Camiones varados a lo largo de tres kilómetros por un piquete sobre la Ruta 151. Más de 70 policías cara a cara con dirigentes y afiliados al gremio ATE. Acusaciones políticas que cruzaron los límites de la pequeña y tranquila comunidad de Contralmirante Cordero para transformarse en una disputa provincial. Y una causa judicial en marcha, con imputados pero sin acercarse a la orden de desalojo que exige el gobierno río-negrino desde el fin de semana.
Así terminaba anoche la jornada más tensa entre las 12 que acumula el conflicto de los empleados municipales de localidad del Alto Valle Oeste.
El gremio ATE asegura que busca una re composición salarial. El gobierno provincial salió a contestar por todos los medios que el objetivo es la des-estabilización, favoreciendo al mismo tiempo a la oposición partidaria que lidera el intendente de Roca, Martín Soria.
La expectativa al cierre de esta edición estaba dada por lo que puede ocurrir hoy, ya que el sindicato anunció que volverá a bloquear el paso por el camino nacional.
El control del terreno
El gremio había adelantado el lunes que la jornada de protesta de ayer sería de 7 a 14.
Sin embargo, en horas de la madrugada se desplegó un intenso operativo policial con más de 70 efectivos de las diferentes fuerzas de seguridad. Recién después de las 14 –con los «refuerzos» llegados desde Cipolletti, donde también hubo corte de ruta– los manifestantes se «subieron» a la Ruta 151 y bloquearon el tránsito.
Allí se vivieron momentos de tensión, pero no hubo orden de desalojo.
En el lugar había un gran número de agentes entre efectivos de la policial local, el COER y distintas brigadas.
Por tratarse de una ruta nacional es la Justicia Federal la que debe intervenir.
Los manifestantes cortaron la calzada con gomas y troncos. También prendieron bengalas verdes, el color que identifica al gremio.
Si bien los afiliados temían el desalojo y la represión, la Policía no actuó.
Después de las 19 se realizó una asamblea donde se definió seguir con el corte hasta las 21 y retomar el bloqueo hoy. Si la policía vuelve a estar presente en el lugar, la manifestación se hará en otro punto de la calzada, anunciaron.
Una fuente oficial del municipio ratificó que «no habrá diálogo» con el gremio después de la manifestación del miércoles pasado con la toma del edificio municipal.
Por ese reclamo, el fiscal Martín Pezzetta inició una causa por «coacción agravada» y habría cinco imputados en el hecho.
No se confirmó, pero uno de ellos podría ser el secretario general del gremio Rodolfo Aguiar.
El sindicalista dijo estar preocupado y sorprendido por la cantidad de efectivos policiales que había cuando llegaron al lugar. «Es un claro mensaje. Se desplegó un operativo intimatorio con agentes del COER y otras fuerzas».
En ese sentido disparó contra el Gobernador Alberto Weretilneck y señaló que se intenta «criminalización de la protesta social».
Por otro lado Aguiar tildó a la Secretaria de Trabajo de «parcial» ya que «tras de 12 días de conflicto, no intervino ni siquiera para dictar la conciliación obligatoria».
