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El año en el que el ASPO hizo bajar los delitos en las calles y potenció la violencia hacia adentro

(Telam).- En un año signado por la pandemia de coronavirus, los llamados «delitos prevenibles», como el homicidio en ocasión de robo, el robo, y la piratería del asfalto evidenciaron una baja debido al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), mientras que los femicidios cobraron protagonismo en el mismo contexto de encierro en el que, además, se iniciaron numerosas causas por violación a la «cuarentena».

El 2020 comenzó con un hecho criminal que conmovió a la sociedad por el nivel de crueldad: el asesinato a golpes de un chico de 18 años, Fernando Báez Sosa, a manos de un grupo de rugbiers en un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell el 18 de enero.

Nada hacía prever entonces que el año iba a continuar con un prolongado aislamiento que obligaría a suspender y prorrogar gran parte de los procesos penales, implementar diligencias judiciales virtuales y diseñar un estricto sistema de control para evitar la violación de las normas tendientes a salvaguardar la salud pública, que trajo aparejado la conformación de numerosos expedientes en el fuero federal.

El decreto 2970, mediante el cual el 20 de marzo entró en vigencia el ASPO, trajo también cambios en el sistema penitenciario: primero se prohibieron las salidas transitorias de los presos; luego se suspendieron las visitas y, para paliar la situación, se habilitó en varios penales el uso de teléfonos para garantizar el contacto de los reclusos con el mundo exterior.

La posibilidad de alegar riesgo de contagio de Covid-19 y la supresión -preventiva- de derechos intramuros, llevó a fuertes reclamos que se hicieron escuchar desde el interior de las celdas y en los techos de los penales, como los ocurridos en la cárcel de Villa Devoto y en la de Florencio Varela.

Con el encierro obligatorio de la gente en sus casas, algunos delitos, especialmente los que ocurren en la vía pública, como el robo, el homicidio en ocasión de robo, el hurto, el robo automotor y la piratería del asfalto, registraron una baja de hasta el 24 por ciento respecto de 2019 en el territorio bonaerense, según informaron a fines septiembre el procurador provincial Julio Conte Grand y el ministro de Seguridad, Serio Berni, quienes atribuyeron esto a una situación de «excepcionalidad» enmarcada en el ASPO.

En cambio, los femicidios cobraron protagonismo en esta etapa, no sólo por el alza en las estadísticas respecto de años anteriores, sino porque pusieron en evidencia la otra pandemia: la violencia de género, esa que tiene como escenario principal el hogar, la que sucede entre cuatro paredes.

La cifra es contundente: 122 de los 178 casos registrados desde el inicio del ASPO hasta el 26 de noviembre ocurrieron puertas adentro, según un relevamiento de La Casa del Encuentro.

El abordaje de las políticas de seguridad a implementarse en el período de aislamiento, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, también trajo aparejados cortocircuitos entre la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, y su par bonaerense, Berni.

El propio presidente Alberto Fernández se manifestó públicamente al respecto y aseguró que ambos «tienen la misma concepción sobre lo que pasa en la seguridad en la Argentina y, puntualmente, en (la provincia) Buenos Aires», aunque sus diferencias «son metodológicas».

Uno de los casos que puso bajo la mira a las fuerzas a cargo de Berni fue el de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que el 30 de abril, en plena pandemia y a pesar del ASPO, salió de su casa de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca a visitar a su novia y, tras pasar por controles policiales, nada más se supo de él hasta que su cuerpo fue hallado en un cangrejal del partido bonaerense de Villarino.

Su madre, Cristina Castro, está convencida de la participación policial en su desaparición y muerte y desde entonces intenta ahondar en esa pista y apartar con recusaciones y denuncias a parte de los funcionarios judiciales que intervienen en la causa, en la que hasta el momento no hay imputados.

Así como se sospecha que ocurrió en el caso de Facundo -caratulado como «desaparición forzada»-, hubo hechos de violencia ejercida desde la fuerzas de seguridad que llegaron de la mano con el mayor caudal de policías en las calles para controlar el cumplimiento de la «cuarentena».

Entre ellos están el crimen del adolescente Blas Correas (17) durante un control vehicular de la policía cordobesa; el de Luis Espinoza, asesinado y desaparecido en Tucumán tras ser detenido por policías durante una carrera de caballos ilegal y el ataque a una familia Qom, golpeada y amenazada en mayo en un allanamiento a su casa de la localidad chaqueña de Fontana, hecho por el que fueron detenidos cuatro efectivos.

También, en el contexto del aislamiento, se destacó una seguidilla de episodios ocurrida en el conurbano bonaerense, donde civiles armados mataron a los ladrones que los abordaron, como fue el caso del jubilado Jorge Ríos, en Quilmes, y del panadero Gerardo Caivano, quien mató a uno de los ladrones que quiso llevarse su camioneta en La Matanza.

Y cuando promediaba el último bimestre del 2020 y el «aislamiento» daba paso al «distanciamiento», sobrevino la más triste noticia, que rápidamente dio vuelta al mundo: la muerte de D10S, del mejor jugador de fútbol de la historia, del ídolo mundial.

Diego Armando Maradona falleció de un paro cardíaco a los 60 años en la casa que alquilaba en el partido de Tigre y donde se recuperaba de una cirugía craneal, hecho que derivó en el inicio de una investigación penal con miras a establecer si hubo negligentes o irresponsables y si la muerte del «10» pudo haberse evitado.

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