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En Mendoza temen que La Pampa vaya a la Corte por Portezuelo del Viento

Jueves 25 de Enero de 2018

 

El Gobierno de Mendoza quiere tener el control total de la futura represa Portezuelo del Viento, algo que viene denunciando el gobierno de La Pampa pero que es relativizado por Nación y sobretodo por los dirigentes del PRO pampeano.

 

 

De la misma forma en que manejan los diques que secaron el río Atuel en el oeste pampeano, Mendoza pretende hacer lo mismo con la represa Portezuelo del Viento que se pretende levantar sobre el río Grande, afluente del río Colorado.

Este miércoles, un medio mendocino citando fuentes del Gobierno de Mendoza revela las intenciones del gobernador Alfredo Cornejo: “Portezuelo del Viento será financiada por la Nación, pero el manejo y las regalías por la generación de energía estarán a cargo de la Provincia”, aseguró el sitio MDZol.

El artículo advierte que hay dos leyes nacionales que obligan a que las obras hidráulicas y de energía eléctrica, como Portezuelo, deben ser administradas por un comité de cuenca y bajo requisitos ambientales. “El temor es que La Pampa, que ya avisó que irá a la justicia para frenar la obra, use esas normas para objetar los avances de Mendoza”, analizó el medio mendocino.

El Procurador General de Rentas de La Pampa, Hernán Pérez Araujo, leyó el artículo de MDZol y dijo: “Mientras referentes de #Cambiemos de La Pampa dicen lo contrario, los propios mendocinos aclaran que Portezuelo será manejada por Mendoza”.

“Desde que se anunció como proyecto, la represa Portezuelo del Viento también se convirtió en un karma para Mendoza. Por las demoras, las idas y vueltas y las promesas incumplidas. El laudo de Mauricio Macri a favor de la Provincia parece ponerle fin a la incertidumbre y la obra sería una realidad. Es un trabajo monumental: más de 5 mil personas trabajando en distintas etapas, un «pueblo» que quedará bajo el agua y la fundación de uno nuevo, un lago que será más grande que la Ciudad de Mendoza y generación de energía récord para una represa local”, detalló el sitio digital.

“En el horizonte de la obra aparece una nueva sombra que podría demorar más el inicio y en el Gobierno lo reconocen como amenaza. Hay dos leyes nacionales que están cubiertas de telaraña por falta de uso, pero que siguen vigentes y ya han generado problemas a otros proyectos hidroeléctricos como las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernik en Santa Cruz. Se trata de las ley 23.879, de obras hidráulicas, y la 15.336, de energía eléctrica. Ambas ponen bajo jurisdicción nacional gran parte del manejo de las cuencas y represas destinadas a generar energía y que también incluyen requisitos ambientales para la ejecución de las obras. El temor es que La Pampa, que ya avisó que irá a la justicia para frenar la obra, use esas normas para objetar los avances de Mendoza”, analizó.

Luego del laudo presidencial, el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, afirmó que para la provincia «se acabó la instancia administrativa y se abre la instancia judicial, por eso vamos a pedir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad del laudo presidencial» que permite a Mendoza la construcción de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento.

MDZol explicó que “Portezuelo del Viento será financiada por la Nación, pero el manejo y las regalías por la generación de energía estarán a cargo de la Provincia. De hecho, explican en el Ejecutivo, el tema no debería estar en discusión porque la Constitución Nacional le da plenas facultades a las provincias para administrar sus recursos naturales. Sin embargo, la Corte Suprema marcó un antecedente al aceptar un amparo ambiental que frenó las represas patagónicas. La misma Corte determinó que se haga una audiencia pública con alcance nacional y se hizo en el Congreso de la Nación. Portezuelo del Viento es gemela de las represas de Santa Cruz en muchos aspectos. Uno de ellos es que los proyectos fueron analizados por Emprendimientos Energéticos Binacionales (EBISA)”.

“Mientras se resolvían los litigios con La Pampa, Mendoza avanzó en los estudios técnicos y ambientales. Para ello se siguieron los procedimientos de las normas provinciales, como la 5.961. El año pasado se entregó la Manifestación General de Impacto Ambiental y también se presentó en el comité de cuenca el plan de llenado de la represa. Aseguran que están hechos todos los «deberes», aunque nadie puede descartar que haya problemas. Mendoza y otras provincias reclamaron ante la Nación la modificación de las leyes para evitar lo que ocurrió con las represas de Santa Cruz y que los estados provinciales no pierdan «soberanía» sobre sus recursos. Los pedidos lo encabezaron Mendoza y Córdoba ante el Consejo Federal de Energía», completó el artículo.

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