(25 de Mayo) – Un nuevo atraso sufrió el juicio contra el ex intendente David Bravo y los concejales Luis Nicanor Romero, Roberto Molina, José Bernardo Pineda, José María Zapata Fernández, y Graciela Liliana Retamales. Hace unos días el juez de control Diego Asin, quien lleva la causa, fue recusado por el fiscal Juan Bautista Méndez quien presentó un pedido de reconsideración luego que aquel le denegara el sobreseimiento de los ediles y le pidió que se apartara para que otro juez decida sobre el particular.
En 2012 el entonces intendente de 25 de Mayo, David Bravo, envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que lo autoricen a firmar un convenio con la Coospu (cooperativa de servicios públicos local) para girarle parte de los fondos de coparticipación por regalías petroleras. El cuerpo legislativo lo aprobó con los votos de cinco ediles del Movimiento Popular Veinticinqueño y otros tres del PJ votaron en contra.
Los ediles opositores, Ricardo Poyo, María Pineda y José Bustos, llevaron su queja por este tema a la Justicia ordinaria en noviembre de 2012. En su presentación judicial aseguran que la ordenanza avala el uso de fondos públicos sin el debido control.
La Justicia ya aceptó la acusación contra Bravo por “abuso de poder y peculado” e incluso elevó la causa a juicio oral, y hasta está conformado el Tribunal que lo debe juzgar. Sin embargo hay disidencia entre el juez de control y el MPF (Ministerio Público Fiscal) por la acusación de los cinco ediles. Mientras los fiscales piden su sobreseimiento, el juez Asin lo denegó. Ahora el fiscal Méndez pide una reconsideración y recusó al magistrado argumentando que su pedido debe ser considerado por otro funcionario tal prevé el Código Procesal Penal de La Pampa.
Nueva dilación.
Más allá de estas cuestiones de procedimiento judicial, lo cierto es que la resolución de la causa, iniciada hace siete años, tiene una nueva postergación. En los últimos tres años el caso judicial tomó envión y parecía inminente la concreción del juicio oral y público, pero parece que sufrirá una nueva postergación.
En noviembre de 2017 el fiscal general Jorge Amado le pidió al juez Asin la elevación de la causa a juicio oral y le pidió el sobreseimiento de los concejales. En marzo de 2018, el magistrado aceptó la primera petición y elevó el caso a juicio, en tanto que denegó la segunda. También, en la misma resolución, desestimó un pedido de prescripción y de juicio abreviado planteado por la defensa de Bravo, y le dio paso a la siguiente instancia: un juicio oral y público.
El desarrollo procesal tuvo otro paso a fines de noviembre de 2018 cuando el presidente de la Audiencia en Juicio, Carlos Andrés Besi designó a los jueces Alejandra Ongaro, Gastón Boulenaz y Daniel Sáenz Zamora para que “conformen Tribunal y fijen fecha”.Ahora, en las últimas horas se conoció un nuevo planteo del MPF pidiendo el apartamiento de Asin. “Siendo necesario resolver el planteo interpuesto entiendo que debe hacerse lugar a la recusación planteada en el entendimiento de que me encuentro comprendido en las circunstancias previstas en el artículo 60 inciso 1º del CPP. Ello en tanto, el 27 de marzo de 2018 he sentado mi posición, denegando el pedido de sobreseimiento que el Ministerio Público Fiscal solicita nuevamente en la actualidad”, explicó en su resolución.
Asin finalmente aceptó el pedido y se apartó. “Resuelvo hacer lugar a la recusación planteada por el fiscal Juan Bautista Méndez en los términos del artículo 60 inciso 1º del CPP y remitir la causa a la Oficina Judicial a efectos de que se disponga la intervención del subrogante legal (artículo 62 del CPP)”, puntualizó en su disposición.
Tiempos políticos.
La medida judicial, a la que tuvo acceso LA ARENA, se conoció en 25 de Mayo en las últimas horas y movió las estanterías de los corrillos políticos. Es que Bravo, luego de varios años de estar guardado en los cuarteles de invierno, en los últimos meses salió al ruedo político y hoy está en la lista de su creación: el Movimiento Popular Veinticinqueño.
Las especulaciones señalan que el controvertido dirigente, que va como viceintendente de la actual jueza de Faltas, Lorena Echenique, tiene serias posibilidades de ser electo como concejal en las próximas elecciones que se realizarán el 19 de mayo. Y esta nueva dilación judicial pone más lejos en el tiempo una de las posibilidades que se soslayan, que en caso de ser hallado culpable de los delitos que se le imputan como ex intendente sea inhabilitado para cubrir cargos políticos.
