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Mendoza avanza “contra viento y marea” con Portezuelo

El gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, respondió una intimación de la Chadileuvú para que frene la licitación de la obra. “Insisten con la provincialización del río. Es inaceptable”, dijeron los miembros de la Fundación.

 

 

El vocero de la  Fundación Chadileuvú, Alberto Goldberg, afirmó este martes que el gobierno mendocino “va a continuar contra viento y marea” con la licitación de la obra de Portezuelo del Viento, luego de recibir la respuesta del gobernador Alfredo Cornejo a una intimación para que frene ese proceso. “Insisten con la provincialización del río, es inaceptable”, sostuvo.

 

Goldberg manifestó que “sorpresivamente” recibieron la respuesta del gobierno mendocino ya que albergaban pocas expectativas ante el “poco peso” de la fundación. En una conferencia de prensa, junto a otros miembros de la fundación, rescató de todos modos que “por primera vez” Mendoza dejó plasmada en un documento oficial cual es su postura respecto al tema.

La Pampa cuestionó el avance de la obra y un laudo del presidente Mauricio Macri le dio el okey a la obra. Sin embargo, la provincia fue en queja a la Corte. Además, la Fuchad presentó un amparo ambiental en el mismo organismo judicial. También le mandaron una carta documento al gobernador medocino para que frene el proceso licitatorio. Sin embargo, Cornejo y los funcionarios nacionales hicieron el llamado a la licitación en diciembre del año pasado. La presa está proyectada sobre el río Grande, principal afluente del Colorado, cuyo caudal se verá sensiblemente afectado.

Goldberg recordó que la fundación reclama un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca sobre las consecuencias que acarreará la presa. Y que cuestiona que, en cambio, se haya hecho “un remedo muy poco serio”, con un estudio parcial a cargo de dos universidades cuyos técnicos ni siquiera estuvieron presentes en el terreno. “Sigue sin hacerse un estudio integral. No se puede aceptar la obra”, dijo. Además, planteó que no se proyectó un dique compensador que garantice la continuidad del río cuando la presa efectúe cortes discontinuos de caudal.

“Insisten en la provincialización del río. Es inaceptable”, evaluó Goldberg la respuesta del gobernador mendocino. “Esto documenta que van a continuar contra viento y marea”, lamentó.

Por su parte, el diputado provincial del FrePam, Martín Berhongaray -asesor legal de la fundación- resumió que Mendoza sostenga que el río es provincial, que no se realiza con fondos nacionales y que no estará la presa conectada al sistema nacional de energía eléctrica. Destacó que “por primera vez” se plasmó en un documento la postura oficial de la provincia mendocina.

“Refleja la posición histórica, se creen los dueños absolutos de los recursos naturales”, cuestionó. “Se creen con derechos a usarlos a su antojo y perjudicando a los que estamos aguas abajo, en beneficio de intereses sectoriales y en contra del criterio que sostenemos nosotros, de federalismo y solidaridad del conjunto”, explicó.

La Fundación anunció que comunicará el mensaje de Mendoza a COIRCO y también a la Corte Suprema, donde la demanda de la Fuchad ya estaría en el despacho de la jueza Elena Higton de Nolasco, para su análisis, y posterior pase al resto de los magistrados.

La respuesta

A pedido de su gobernador, el apoderado de la provincia de Mendoza, Ricardo Canet, respondió la carta documento que había enviado la Fuchad el 17 de diciembre. En primer lugar, la rechazó por “improcedente” y señaló que esa provincia no fue notificada aún del amparo ambiental que impulsó la organización en la Corte.

“En caso de que se produzca la notificación, Mendoza adoptará la defensa integral de los derechos de la provincia respecto a la obra de Portezuelo, en razón de que los actos administrativos emitidos y las acciones llevadas adelante han sido ejecutadas en estricto cumplimiento de la legalidad”, señaló en la carta fechada el 28 de diciembre pasado.

 

 

En ese sentido, alegó que “Mendoza ha cumplimentado la totalidad de los recaudos legales y procedimientos dispuestos por el artículo 41 de la Constitución Nacional, conforme a lo expresamente establecido en el acta nº 70 del Consejo de Gobierno de COIRCO. Asimismo, rechazo el alegado incumplimiento de la ley Nº 25675 en atención al adecuado cumplimiento de la ley 5961 y concordantes habiéndose llevado adelante la manfiestación general de impacto ambiental, elaborada por la Universidad Nacional de Cuyo, el dictamen técnico efectuado por la Universidad Nacional Tecnológica; los dictámenes sectoriales y la correspondiente audiencia pública, finalizando con la emisión de la correspondiente declaración de impacto ambiental”.

Por otra parte, consideró no aplicable al caso la ley 23879, como reclama la fundación. “La obra no se realiza con fondos nacionales, sino con fondos provinciales. La intervención de la Nación y las consecuencias que de ella derivan, se circunscriben a su condición de deudor de una deuda líquida y exigible, pero que en ningún caso modifican el origen ni la titularidad de los fondos, siendo la obra ejecutada por orden y cuenta de dichos fondos provinciales”, planteó.

Además, indicó que “los términos del acuerdo y del laudo emitidos por el presidente se encuentran sujetos a las condiciones y competencias expresamente previstas en la Constitucional Nacional”.
Sostuvo que “la obra no integra los supuestos de obras que consideró la Corte en los autos Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia/Santa Cruz, provincia y otros s/amparo ambiental’, para atender la aplicación de las normas federales”.

“Portezuelo del Viento no constituye un establecimiento de utilidad nacional regido por el derecho federal, ya que no cumplimenta las condiciones previstas en la constitución nacional para dichos bienes ni integra el patrimonio del estado nacional, por el contrario, es una obra provincial de dominio y jurisdicción local, conforme reconoce expresamente el art 39 del Estatuto de COIRCO (ratificado por el estado nacional por ley 22721) no sometida hasta la fecha al SADI”, reafirmó.

 

“La obra no se encuentra interconectada al SADI, siendo facultad de la provincia interconectada al mercado provincial. Mendoza es soberana para mantener esta situación, o eventualmente variarla en el futuro, sin que esa potencialidad altere la jurisdicción local que surge del estatus jurídico existente”, agregó.

“Mendoza únicamente ha adherido a los principios tarifarios de la ley 24065”, aclaró. “La obra no integra el listado de obras incorporadas al Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas (resolución 932/2011 de la secretaría de Energía de la Nación)”, prosiguió.

Finalmente, rechazó “la afirmación referida a que se ha brindado escasa información respecto de la central y presa de Portezuelo, toda vez que la provincia ha extremado el acceso a la información técnica y ambiental existente, prueba de ello es que : a) se ha realizado la audiencia pública en forma previa a la emisión de la DIA, se ha remitido toda la información a COIRCO, b) se ha realizado un taller de actores en el ámbito del estudio realizado por la UTE UNLP-UNL, conforme lo dispuesto por el acta 70 referida y en ocasión del estudio realizado por COIRCO conforme al artículo 16 del reglamento interno del organismo, y c) se ha hecho la presentación pública de las conclusiones del estudio referido pro la UTE”.

“Así las cosas, no existe impedimento alguno conforme los propios términos del acta citada para continuar el proceso de licitación, la cual establece que el impedimento dispuesto es para la adjudicación de la obra y no para el llamado a licitación, y en consecuencia mi representante continuará con las acciones que estime corresponder”, finalizó.

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