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Perú: policías asesinaron a más de 20 personas para conseguir ascensos

PNP

Lima, 23 de Agosto de 2016

El gobierno peruano confirmó que existen «serios indicios» de que al menos 21 presuntos delincuentes fueron ejecutados extrajudicialmente entre 2012 y 2014 por un «escuadrón de la muerte» de la Policía Nacional del Perú (PNP), cuyos nueve integrantes supuestamente cometieron esos delitos con el fin de obtener ascensos en el escalafón de la fuerza.

 

“Todo eso se debe indagar a fondo, tenemos mucha violencia en nuestra sociedad y no queremos violencia, queremos que las cosas se investiguen bien y ojalá se haga rápidamente”, afirmó hoy por la mañana el presidente Pedro Pablo Kuczynski en declaraciones a periodistas.

 

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, informó el lunes por la noche que ya había remitido al Ministerio Público y a la Comisión de Defensa del Congreso el reporte elaborado por esa cartera y la Inspectoría General de la PNP.

 

“Los indicios que hemos encontrado apuntan a la existencia de un grupo que ha actuado a lo largo de varios años con un cierto patrón», dijo Basombrío y aclaró que «no hubo unidades de la Policía Nacional comprometidas en estos hechos».

 

El caso -que fue investigado a partir de una denuncia presentada ante la Inspectoría General de la PNP por un comandante de la fuerza y había sido anticipado por algunas versiones periodísticas- fue confirmado el lunes por la noche por el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Rubén Vargas, en conferencia de prensa.

 

«Hay serios indicios de la existencia de una agrupación irregular formada por oficiales y suboficiales de la PNP que, para obtener ventajas personales, habría falseado información de inteligencia simulando enfrentamientos y abatiendo a personas por lo menos en seis casos», explicó Vargas.

 

El funcionario detalló que los sospechosos -un general, un comandante y siete suboficiales- pertenecían al Grupo Especial de Inteligencia contra el Crimen Organizado (Geico) que funcionaba en el ámbito de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la PNP.

 

Aunque Vargas no reveló los nombres, fuentes del Ministerio Público citadas por el diario La República identificaron a los sospechosos como el general Vicente Álvarez, el comandante Raúl Prado y los suboficiales César Cutti, Luis Mío Morocho, Edgardo Vilela, Luis Castaño, Fernando Chuquisengo y Eduardo León Arroyo.

 

Según la investigación de la Inspectoría General de la PNP, los asesinatos se registraron en seis operaciones del Geico.

 

Las tres primeras datan de 2012, cuando fueron abatidos tres presuntos delincuentes el 11 de junio, otros dos el 8 de septiembre y tres policías en actividad el 18 de noviembre.

 

En las restantes, seis supuestos delincuentes fueron ejecutados el 3 de diciembre de 2013, cuatro el 20 de septiembre de 2014 y otros tres el 9 de octubre de 2014.

 

De acuerdo con datos hallados en archivos de la PNP, el Geico fue creado en 2013 a pedido de Álvarez, quien entonces estaba al frente de la Dircote, y sus integrantes realizaban operaciones en cualquier lugar del país sin ningún control por parte de la fuerza.

 

Los supuestos autores de las ejecuciones extrajudiciales, «a raíz de sus intervenciones, eran promovidos al grado superior y condecorados», señaló Vargas.

 

La indagación a cargo de la Inspectoría General de la PNP, que estuvo encabezada por el coronel Edgar Aybar, advirtió que en el caso pueden estar involucrados otros efectivos y recomendó que fueran separados temporalmente de sus funciones los 97 investigados (17 oficiales y 80 suboficiales).

 

Vargas subrayó que Aybar remitió el informe de su investigación a la Primera Sala del Tribunal Administrativo Disciplinario del Ministerio del Interior el 31 de marzo de 2015 y ese organismo retuvo el expediente hasta el 26 de febrero de 2016.

 

En esa época gobernaba Perú el presidente Ollanta Humala, cuyo mandato finalizó el 28 de julio de este año.

 

«Resulta excesivo que el Tribunal Administrativo mantuviera por 10 meses el expediente, cuando el plazo máximo no debe ser mayor a 60 días hábiles; esta demora no tiene justificación razonable y constituye una grave irregularidad, cuya responsabilidad se tiene que determinar más adelante», advirtió el viceministro. (Télam)

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