La grave situación que atraviesa el sector petrolero en Río Negro amerita la declaración de emergencia que fue propuesta por el bloque del Frente de Todos al comienzo de la pandemia y nunca tratada por la negativa del oficialismo a incorporarla al temario parlamentario. Desde aquella presentación a la actualidad la problemática se ha profundizado y trabajadoras y trabajadores del petróleo se han visto afectados en la pérdida de sus puestos laborales o en la caída notable de sus ingresos.
Daniela Salzotto, legisladora representante de Catriel (localidad duramente golpeada por la crisis hidrocarburífera), junto a sus pares Pablo Barreno, José Luis Berros e Ignacio Casamiquela mantuvieron este miércoles una reunión virtual con los trabajadores y trabajadoras en función y desempleados autoconvocados, en la que tomaron nota del complejo panorama.
Por ello, tras el encuentro, el bloque del Frente de Todos reiteró la necesidad de avanzar con el tratamiento de la declaración de emergencia para el sector y reclamó nuevamente la urgente convocatoria a la Comisión Especial de Seguimiento y Control de los Contratos Hidrocarburíferos, que a pesar de haber sido constituida nunca se reunió para tratar esta complicada coyuntura. “La intención es evitar despidos y propender a la generación de puestos laborales frente a la situación de desocupación, siempre con el cumplimento de priorizar la mano de obra local”, sostuvo Salzotto.
En su propuesta de declarar la Emergencia Pública en materia Hidrocarburífera en todo el ámbito de la provincia de Río Negro, hasta el 31 de diciembre de 2020, el bloque FdT impulsa facultar al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Estado de Energía y, con acuerdo de la mencionada Comisión, fomente acuerdos con las empresas proveedoras del sector hidrocarburífero para mantener los contratos de servicios, protegiendo las condiciones y puestos de trabajo.
Además, establece que se exija a las empresas permisionarias de exploración, concesionarias de explotación y contratistas la adopción del protocolo sanitario establecido por la autoridad sanitaria competente para proteger a los trabajadores y trabajadoras por el COVID-19, e instruye al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias a fin de otorgar protección y continuidad a los puestos laborales en el sector.
La industria del petróleo se ve atravesada por una crisis sin precedentes. Por un lado, el colapso de las economías como consecuencia de la pandemia redujo un 80% la demanda del petróleo en el mundo. Por otro lado, las tensiones crecientes entre EE.UU, Arabia Saudita y Rusia por ganar la hegemonía en el mercado de hidrocarburos, denominada ¨guerra por el precio del petróleo¨, ha generado escenarios muy desfavorables para las industrias petroleras de todo el mundo.
En nuestro país, las empresas productoras de petróleo advirtieron de una posible baja en la productividad, que rondaría entre un 20% y un 50%. Muchas de estas empresas están actualmente operando en nuestra provincia. YPF y Vista Oils & Gas, son las mayores operarias.
Actualmente la actividad se compone del sector upstream (exploración, perforación y explotación), en el cual se desempeñan aproximadamente 600 trabajadores registrados. Esta crisis, también impacta en todos los eslabones productivos de actividades conexas al sector hidrocarburifero. Desde la obtención de insumos básicos, como pequeñas producciones agrícolas, hasta la industrialización de recursos, disposición de transportes y de residuos.
Por ello, resulta de gran relevancia elaborar medidas con carácter de urgente y convocar a la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Renegociación de Concesiones Hidrocarburíferas, a través de la cual sus representantes se expresen sobre el diagnóstico actual de situación, a los fines de arribar a acuerdos de protección y cuidado de las y los trabajadores.
