“Pretender que la fundamentación de un voto en el marco de un cuerpo colegiado pueda extenderse con posterioridad a la reunión en que fue emitido, es una aberración jurídica”, se quejó el Procurador pampeano Hernán Pérez Araujo.
Se realizó una nueva reunión del Comité Ejecutivo del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), en la que los representares de la provincia de La Pampa no aprobaron ni suscribieron el acta de la reunión anterior, celebrada el 19 de marzo pasado, por entender que adolecía de «serias irregularidades» y no contemplaba lo realmente sucedido en la misma.
En aquella oportunidad los representantes de Mendoza, acompañados por sus pares de Buenos Aires y Río Negro, con la oposición de la provincia de La Pampa, pusieron a consideración y votaron por la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Regional para la represa Portezuelo del Viento encargado por COIRCO a las Universidades del Litoral y La Plata, resultando una diferencia de tres a uno, en favor de dicha postura.
El procurador general de Rentas del Gobierno de La Pampa, Hernán Pérez Araujo, se refirió a la postura mantenida por la comitiva pampeana: “Nosotros interpretamos que la aprobación debía ser realizada por el Consejo de Gobierno, integrado por los gobernadores y conforme lo expresado por la opinión mayoritaria vertida en el Acta 70 de Consejo de Gobierno, y en el punto 3 de la decisión del Laudo Arbitral del presidente dictado con fecha 16 de enero de 2018, que clara y evidentemente se refiere al Consejo de Gobierno del organismo como el facultado para adoptar esa decisión”, sostuvo.
En relación al Acta del anterior encuentro mantenido, Araujo indicó: “Lo llamativo, y que nos sorprendió enormemente fue que en la reunión de ayer, al ponerse a consideración el Acta de aquella reunión anterior, nos encontramos con que las tres provincias que votaron por la aprobación del Estudio de Impacto de Ambiental, habían fundado su voto de manera extemporánea, ya que ninguna alusión a ello se había realizado en el transcurso de la reunión”, afirmó el funcionario.
Araujo se refirió a las indicaciones marcadas dentro del Reglamento de COIRCO, donde “se exige que para el caso de no haber unanimidad en la decisión, los votos deben ser fundados, precisamente para que esa fundamentación sea elevada al Consejo de Gobierno, quien tiene la competencia y facultad de revisar esa decisión que no obtuvo el consenso de todas las provincias”, continuó.
“Como había ocurrido en anteriores oportunidades, solo la provincia de La Pampa dejó constancia de la emisión de esa fundamentación, luego de lo cual finalizó la reunión. Entendemos que los votos no fundados violan el Estatuto y el Reglamento de COIRCO, motivo por el cual no resultan válidos.
Resulta de una gravedad institucional inusitada que en el acta que se nos pretendió hacer firmar en el día de ayer, se afirmara que los representantes de las demás provincias habían realizado la fundamentación de su voto, cuando ello no sucedió en la realidad. Incluso ello fue aceptado por el representante de Mendoza, que manifestó que le habían dado una semana para hacerlo, poniendo a la provincia de La Pampa en clara inferioridad de condiciones. El nulo voto mendocino, pretende ser una respuesta al emitido por nuestra Provincia, hecho que demuestra además el accionar en que incurren”, sostuvo el funcionario provincial.
En referencia a la postura mantenida por La Pampa, Araujo se refirió a los puntos a trabajar en la próxima instancia. “Ahora el tema deberá resolverlo el Consejo de Gobierno, que ha sido convocado a reunión por el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio para el día 9 de mayo, pero pretender que la fundamentación de un voto en el marco de un cuerpo colegiado pueda extenderse con posterioridad a la reunión en que fue emitido es una aberración jurídica, y así se lo hemos manifestado al Presidente y Gerente Técnico de COIRCO, quienes son los responsables de esta situación”, concluyó.
Por la provincia de La Pampa asistieron además los representantes ante COIRCO, Javier Schlegel, Juan Greco, y la abogada de Fiscalía de Estado, Romina Schmidt.
