Con la ley actualmente en vigencia, el 90% de los montos percibidos por cada comuna deben ser afectados a proyectos productivos y obras en general, y solo el 10% se deposita en rentas generales.
Por otro lado, apunta a establecer la libre disponibilidad de los recursos recibidos por cada municipio o comisión de fomento, sujetando los parámetros de distribución a la autorización emanada de los respectivos concejos deliberantes, en caso de los municipios, o del Poder Ejecutivo, tratándose de las comisiones de fomento.
«No parece razonable que la Provincia continúe aprovechándose de la reparación de una injusticia al seguir percibiendo el cincuenta por ciento de los recursos generados a partir de las regalías de los Nihuiles, que entendemos debe corresponder en su totalidad a las localidades directamente perjudicadas por el corte del escurrimiento de los ríos», sostuvo.
«La idea de la reparación financiera fundada en los perjuicios resultantes de la diáspora poblacional, pérdida de hacienda bovina, ovina, caprina y equina, y expansión del daño ambiental producto del manejo arbitrario e ilegal de los recursos hídricos interprovinciales, proviene desde el mismo reclamo iniciado en 1973 por todos los sectores que integraban la Copdrip, gesta organizada para defender la vigencia del Decreto Nacional N° 1560», agregó.
