MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2019
La Cámara Federal de Bahía Blanca rechazó un nuevo pedido de nulidad a la causa en la que están imputados el exintendente de 25 de Mayo, David Bravo (2007 – 2015), policías y proxenetas. Aún quedan recursos de impugnación por resolver, pero en la Fiscalía Federal de Santa Rosa -a cargo de Leonel Gómez Barbella– confían en que próximamente podrán elevar a juicio la causa y estiman que en 2020 se pueda iniciar el debate por el caso del prostíbulo Venus, que funcionaba en 25 de Mayo.
En esta causa, Bravo está procesado por el delito de trata de personas e incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber protegido o sostenido el funcionamiento del prostíbulo Venus.
El exintendente -del Movimiento Veinticinqueño, vinculado al peronismo- ya tiene una condena firme de la Justicia provincial por haber habilitado con irregularidades otro prostíbulo, El Rancho, propiedad de Javier Ullrich.
En esta causa de Venus también está procesada Nurys Antonia Caraballo Castillo, la dueña del local, por el delito de trata. Además, está procesado José Luis Carpio Castillo, encargado del cabaret, aunque en primera instancia se había dictado su falta de mérito.
El otro procesado es el comisario retirado Miguel Ángel Oyarse (decidió no apelar su procesamiento). En tanto, el también comisario retirado Héctor Daniel Rosane tiene una falta de mérito (inicialmente, al igual que Oyarse, había sido procesado, pero fue en apelación y logró un respiro).
Esta causa se inició a partir de una denuncia anónima en la Dirección Nacional de Migraciones de La Pampa a fines de 2011. Un empleado de Migraciones denunció que una joven, que dijo llamarse “Jaimi”, llamó por teléfono y contó que se había escapado de un cabaret de 25 de Mayo. Además, la joven dijo que había otras mujeres alas que “maltrataban”, incluso una de ellas embarazada.
Eso derivó en un allanamiento a Venus realizado el 16 de diciembre de 2011, en el que se constató la presencia de diez mujeres, nueve dominicanas y una argentina.
Ahora, según una resolución a la que accedió Diario Textual, la Cámara resolvió sobre uno de los pedidos de los defensores oficiales de Nurys Caraballo Castillo. Estos pidieron la nulidad de la causa porque, argumentaron, el allanamiento al local Venus no se hizo de acuerdo a las normas judiciales: dijeron, entre otros puntos, que se vulneraron normas procesales previstas en el código de forma y garantías constitucionales emanadas del artículo 18 de la Constitución. Sin embargo, los camaristas desestimaron el pedido y confirmaron la legalidad del allanamiento.
Aún es prematuro para elevar la causa a juicio en el Tribunal Federal de Santa Rosa. Pero en la fiscalía aguardan la resolución de otros planteos de nulidad para avanzar y que Bravo se llevado, nuevamente, al banquillo de los acusados.