Viernes 20 de Octubre de 2017
El fiscal Juan Carlos Carola, como parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, señala que el uso de Internet y las redes sociales es un nuevo formato de la libertad de expresión. Pero que no se puede revelar información.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Juan Carlos Carola, sostuvo que “los empleados públicos gozan del pleno ejercicio de su libertad de expresión, en la medida que no violen el secreto propio de su condición de agentes públicos”. Es una de las conclusiones del organismo al analizar el uso de las redes sociales por parte de los agentes públicos.
Las otras dos conclusiones son:
1) Para evaluar las publicaciones de agentes del Estado en redes sociales, es un instrumento útil el test de Pickering, por el que se analiza si la declaración refiere a materia de interés público y, si de ello se trata, se efectúa un balance entre la libertad de expresión y el deber de reserva o discresión.
2) La libertad de expresión no se circunscribe a un único canal o medio específico para su ejercicio. Internet y las redes sociales son una nueva forma de ejercicio de esa libertad.
El “test de Pickering” se refiere a la evaluación de una situación a la luz de un caso de la Corte de los EE.UU. que dejó sin efecto la destitución que la Junta de Educación hizo a Marving Pickering (un docente de una escuela pública) por enviar una carta a un periódico local criticando la administración de los fondos por parte de dicha Junta. El fallo de la Corte señaló que “hay que considerar al sujeto no como empleado, sino como un ciudadano más; que las críticas no estaban dirigidas contra personas con las que estuviera en contacto directo (por lo que no se afectó la disciplina); que el cargo no era de los que requerían una lealtad personal; y que la cuestión es de interés público”.
El informe tiene un capítulo denominado “El deber de discresión”. Lo menciona como “un deber personal cuya finalidad consiste en no perturbar ni causar daños o molestias innecesarias a la propia Administración. A su vez es un deber generalizado en cuanto que todos los agentes están sometidos a él y no refiere a temas, asuntos o cuestiones concretas o específicas, sino que cubre genéricamente a todo aquello que se conoce por razón del cargo, puesto o lugar que se ocupa en la Administración”.
Y se pregunta la FIA: “¿Pueden los agentes públicos criticar públicamente a la Administración para la que prestan servicios?”.
Señala que “cierta doctrina entiende que antes de criticar públicamente a la Administración y antes de dar a publicidad posibles anomalías, los agentes deben utilizar los medios internos que dispongan para mejorar el servicio”
“La advertencia a los compañeros y, en su caso, a los superiores de la existencia de irregularidades, anomalías o fallos, debe preceder a la denuncia pública. Entonces solo si la gestión interna del agente resultara ineficaz, y es razonable pensar que la denuncia pública mejorará el servicio, estaría justificada la utilización de ese medio, pero jamás para la publicación de críticas con fines personales tales como venganza, chantaje o coacción”, afirma.
Redes sociales
La FIA sostiene que “el principio 2 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión señala que todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social ”.
Agrega que “las ‘nuevas’ formas de comunicación, tales como Internet y el uso de ‘redes sociales’ a través de usuarios con nombres reales que hagan presumir a priori que se trata verdaderamente de ‘esas personas’, constituyen en todo caso una nueva forma de ejercicio del derecho de libertad de expresión”.
El organismo señala que “la utilización de las redes sociales por parte de empleados y funcionarios públicos genera un desafío en esta materia, teniendo en cuenta la débil línea que en las redes separa la vida privada de la profesional”.
Además explica que “lo que publique un empleado público en su red social puede ser interpretado como un mensaje de la organización pública en la que se desempeña”, por lo que las administraciones públicas en el mundo han elaborado guías o manuales de uso de redes sociales con recomendaciones para sus empleados, cuyo contenido, si bien no es de aplicación obligatoria en la Provincia, sí sirven a modo indicativo de lineamientos interpretativos y evaluativos que deben ser tenidos en cuenta en casos como el presente.
La FIA menciona, entre otros, el Manual de orientación para participar en redes sociales (2013) de Brasil. Allí aborda la libertad de opinión y después, varios puntos de orientación. Uno precisa que “usted es una persona pública. Cuando decida publicar algo en las redes sociales, entienda que el contenido de su mensaje será visto por colegas, jefes, clientes, proveedores, socios de negocios, amigos y familiares. Nunca publique nada que pueda usarse en su contra en la esfera profesional”.
Otra recomendación del Manual de Brasil es: “Nunca deje de ser usted mismo. Esto no significa que usted no pueda tener su opinión. Como cualquier ciudadano, usted tiene libertad para pensar y expresar lo que desee, de la forma que prefiera. Pero, como cualquier persona pública, debe entender que todo lo que exprese probablemente traerá consecuencias, ya sean positivas o negativas”.
