Bariloche, 18 de Agosto de 2016
«Hay entre quince y veinte policías comprometidos y no vamos a perder un segundo en la investigación. Los que trabajaron en contra van a tener graves problemas, de encubrimiento para arriba van a pagar por todo en la justicia», afirmó hoy gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien advirtió además, que aquellos que hayan cometido delitos «de encubrimiento para arriba van a pagar por todo» en la justicia.
Weretilneck, quien desde ayer se encuentra en dicha ciudad rionegrina, resolvió ayer entre otras medidas intervenir a partir de la semana próxima la Unidad Regional Tercera de la Policía de Río Negro, máxima autoridad de la fuerza en Bariloche y la región, y también desplazar a sus autoridades.
«Está muy claro que jefes policiales y policías actuaron mal. Hay que comparar con otros casos que afectan a camaradas de la fuerza. Reaccionan enseguida y a veces se pasan, con excesos. Con la desaparición de Lucas fue al revés y todos los que pasaron a disponibilidad actuaron con pasividad por lo menos, o encubriendo o distrayendo los más complicados», indicó.
Para el mandatario, el pase a disponibilidad ya es una sanción porque marca el fin de la carrera dentro de la Policía y puso como ejemplos los casos de los comisarios Adrián Pallalef, quien estaba a cargo de una jefatura en Viedma y estaba de licencia; y Carlos Arias, hasta ayer director de Seguridad de la provincia.
Estos dos manejaron la Policía de Bariloche como jefe y subjefe de la Regional Tercera durante 10 años y hasta principios de 2016, y fueron cuestionados por no respaldar y restarle información a la investigación del caso Muñoz.
También fue pasado a disponibilidad el comisario Oscar González, quien hasta principios de año fue el jefe de la seccional 42 de Bariloche donde trabajaba Muñoz y luego fue destinado a la localidad de Los Menucos, en el interior provincial, lo que se entendió como un castigo.
Weretilneck destacó, además, que el apartado comisario Manuel Poblete, ex segundo jefe de la Regional Tercera, denunció penalmente a su superior, el comisario inspector Juan Fernández -hasta ayer a cargo de esa repartición aunque no fue puesto en disponibilidad- por la presunta dilación en la investigación del crimen y que terminó siendo imputado por encubrimiento y entorpecimiento de la Justicia.
A su vez, el gobernador ratificó que las dotaciones del destacamento de Seguridad Vial y de la comisaría 42 son las más investigadas y que el lunes comenzará a formalizarse los sumarios administrativos para la totalidad de los efectivos allí destinados.
Pero antes de estas medidas dispuestas por Weretilneck ya habían apartado tres comisarios, un subcomisario, dos oficiales y un suboficial -estos tres últimos permanecen detenidos- que fueron imputados por la Justicia de encubrimiento y otras irregularidades.
En tanto, el gobernador resaltó el apoyo que recibió del gobierno nacional, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ratificó la continuidad del trabajo de las fuerzas federales al servicio de la justicia barilochense.
«Incluso nos ofrecen una movilización extraordinaria de efectivos que hasta ahora no es necesaria», afirmó Weretilneck, quien respaldó del juez de la causa Muñoz, Bernardo Campana.
Por otro lado, esta mañana, los abogados querellantes Alejandro Pschunder y Karina Chueri, junto al padre del policía asesinado, Benjamín Muñoz, y el hermano de la víctima Javier Muñoz; presentaron un pedido de recusación del fiscal Martín Govetto.
Consideraron que dilató la toma de medidas importantes como los allanamientos en la sede de la Policía Montada, la misma seccional 42 y un complejo de cabañas donde reside un subcomisario investigado.
«Hubo indicios de que Lucas podría estar secuestrado y con vida cuando pedimos estas diligencias; sin embargo, (el fiscal) las ordenó después de la aparición del cadáver», explicó a Télam el abogado Pschunder.
Para la querella, la misma dilación se produjo para allanar una vivienda donde se secuestró una camioneta que fue vista por varios testigos siguiendo a algunas brigadas policiales que buscaban al oficial mayor cuando éste aún estaba desaparecido.
Muñoz (29) fue visto con vida por última vez el 14 de julio cuando se dirigía a tomar servicio a la comisaría 42 de Bariloche y tras 27 días de búsqueda lo hallaron asesinado de un balazo en la nuca, vestido con uniforme y una pistola junto a su cuerpo, en un descampado de las fuerzas de la ciudad, en una zona que ya había sido rastrillada por la policía local.
Por ello es que la querella considera que el efectivo estuvo primero secuestrado y su cadáver fue posteriormente «plantado» en ese lugar. (Télam)
