(El Diario de La Pampa).- Es por la causa de abuso de autoridad y peculado. La denuncia la hicieron los entonces concejales Ricardo Poyo, María Pineda y José Bustos.
El próximo 11 de noviembre está previsto la realización del juicio oral y público contra el exintendente y actual concejal de 25 de Mayo, David Bravo, acusado de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y peculado.
La causa se inició en 2012 cuando Bravo envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que lo autoricen a firmar un convenio con la Coospu para girarle parte de los fondos de coparticipación por regalías petroleras. El cuerpo deliberativo lo aprobó con los votos de cinco concejales del Movimiento Popular Veinticinqueño y otros tres ediles del PJ votaron en contra.
Los ediles opositores, Ricardo Poyo, María Pineda y José Bustos, denunciaron en el Poder Judicial que la ordenanza avalaba el uso de fondos públicos sin el debido control.
En los casi 8 años en que lleva la causa, los concejales que votaron la ordenanza fueron sobreseidos de la imputación inicial de coautores de los delitos investigados. A partir de un fallo del juez de Control Diego Asín del 2018, los concejales Luis Nicanor Romero, Roberto Andrés Molina, José Bernardo Pineda, José María Zapata Fernández, y Graciela Liliana Retamales zafaron de la acusación.
El debate oral está programado en dos jornadas: 11 y 12 de noviembre. El Tribunal de Audiencia está conformado por la jueza Alejandra Ongaro, y los jueces, Gastón Boulenaz y Daniel Saez Zamora. El fiscal es Juan Bautista Méndez.
Prontuario
El exintendente Bravo tiene el antecedente de una condena a 7 meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de abuso de autoridad, por la habilitación irregular de un cabaret. Esta condena fue cumplida por Bravo después que en 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación la confirmara.
No es la única causa judicial que tiene el ahora concejal por el Movimiento Popular Veinticinqueño. En 2018 fue procesado por la Justicia Federal de Santa Rosa, acusado del delito de trata de personas e incumplimiento de deberes de funcionario público por habilitar y sostener el cabaré “Venus”. También procesaron a la dueña del local y a dos comisarios.
