Buenos Aires, sábado 31 de diciembre de 2016
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dispuso transferir a las cuentas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) esos fondos provenientes de la penalidad cobrada a los contribuyentes que ingresaron al blanqueo de capitales.
La decisión fue publicada hoy en el Boletín Oficial a través de la Decisión Administrativa 1.568 de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el que se dispone una modificación al Presupuesto de la Administración Pública del corriente año.
En la norma, además de contemplar readecuaciones en el programa Conectar Igualdad, el Gobierno decidió «incorporar los recursos generados en el marco del Artículo 41 de la Ley N° 27.260 de creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, que establece un impuesto especial sobre el valor de los bienes que se declaren en el marco del Régimen de Sinceramiento Fiscal».
La recaudación de dicho gravamen se destinará a la Anses, de acuerdo al Artículo 51 de la citada ley, para atender el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y el flujo de gasto que se deriva de dicho Programa se realizará de manera gradual a lo largo del tiempo, en la medida en que los beneficiarios del programa se hagan acreedores efectivos de sus respectivos beneficios, por lo que resulta necesario administrar dichos fondos de manera tal de preservar su valor en el tiempo, subrayó la decisión.
El martes pasado, en una conferencia de prensa brindada con el titular de la AFIP, Alberto Abad, el saliente ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, señaló que el resultado parcial del blanqueo de capitales que el Gobierno nacional lleva adelante le permitirá a la Administración Nacional de Seguridad Social contar con los recursos necesarios para cubrir el gasto adicional que le demandará el pago del primer año del programa de Reparación Histórica de los Jubilados y evitar recurrir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para cumplir con este fin.
Así lo planteó Alfonso Prat Gay en una conferencia de prensa en la que reveló que el Régimen de Sinceramiento Fiscal alcanzó los 90.000 millones de dólares de activos declarados, lo que implica unos 82.000 millones de pesos en concepto de penalizaciones del blanqueo.
De ese monto toral, 62.500 millones de pesos estarán destinados a cumplir el compromiso de actualización de haberes asumido con el sector pasivo.
“Esto le va a dar a la Anses los recursos que necesita y un poco más, por lo que podemos decir con tranquilidad que no va a necesitar recurrir al FGS por lo menos durante todo 2017”, afirmó el ministro saliente en esa oportundad.
La Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, sancionada el 29 de junio por el Congreso nacional, consiste en una propuesta de aceptación voluntaria que reconoce el derecho de la clase pasiva que se encuentran en proceso judicial contra la Anses, a actualizar sus haberes en función de fallos judiciales en cualquier de sus instancias procesales.
Los acuerdos deben homologarse en sede judicial, por lo que es necesario que cada titular cuente con un abogado, en tanto que para quienes no iniciaron juicio, pero tienen el mismo derecho, se les propondrá un ajuste de la jubilación siguiendo los mismos parámetros y con la misma metodología.
