Marcelo Tattavito, Gabriela Bastías, María José Tello y Oscar López irán a juicio oral por seis casos de abuso sexual a niños de un jardín de infantes de 25 de Mayo. El juez Héctor Freigedo confimó la acusación de la Fiscalía y también la de las querellas, quienes acusarán en dos casos por el delito de “corrupción de menores”.
El juez Héctor Freigedo resolvió elevar a juicio la causa por abusos de menores en el JIN Nº 12 de 25 de mayo. La acusación es por 6 casos y abarca a los cuatro detenidos que tiene la causa. Los padres se mostraron conformes con la resolución del magistrado aunque manifestaron que aún falta investigar más.
Este viernes, luego de que el Ministerio Publico Fiscal a cargo de Juan Bautista Mendez solicitara la acusación de todos los imputados y que los querellantes particulares, Armando Agüero y Vanessa Ranocchia presentaran acusaciones particulares, el juez Freigedo hizo lugar a todas las peticiones acusatorias y ordeno rechazar los pedidos de sobreseimiento solicitados por Omar Gebruers y elevar la causa a juicio respecto de Marcelo Tattavito, las docentes María José Tello y Gabriela Angelica Bastias, así como también el ex director de un colegio, Oscar López.
Tattavito, Tello y Bastías permanecen detenidos desde mediados de 2015. El caso explotó en mayo, cuando los padres comenzaron a denunciar abusos en el jardín de infantes de 25 de Mayo.
Desde un primer momento quedó detenido como principal imputado el profesor Marcelo Tattavito, un docente que cumplía tareas administrativas en el mismo edificio en el cual funciona el jardín. También fueron detenidas las dos docentes de la salita, María José Tello y Gabriela Bastías, por su presunta complicidad, y ambas cumplen arrestos domiciliarios en Santa Rosa.
Con el avance de las pesquisas, se sumó una cuarta detención: la de Oscar López, que primero había sido separado de su cargo de director de un secundario -se sospecha que intentó borrar pruebas- y luego quedó imputado también porque fue mencionado por algunos de los niños en las declaraciones en cámara Gesell. Cumple prisión preventiva con arresto domiciliario por una discapacidad en una de sus piernas, asistido por los abogados Juan Veneri y César Rodríguez.
Entre las pruebas que comprometen a los imputados, hay secuelas físicas compatibles con abusos en algunos de los niños y también declaraciones de los pequeños en cámara Gesell, que los fiscales y las querellas interpretan como indicios del delito denunciado. También declaró un testigo de identidad reservada que respaldó la versión de que el principal acusado sacaba a los niños del edificio del JIN Nº 12 en horario escolar. La acusación sostiene que los llevaba a una quinta de su propiedad, escenario de los supuestos abusos.
El abogado defensor considera que la acusación es parte de una venganza política instrumentada por partidarios del ex-intendente David Bravo. Si bien no ha podido demostrar evidencias que sustenten esa teoría y los motivos que habría para tomar como blanco a las personas sospechadas, los primeros días de noviembre se confirmaron los resultados negativos de las pruebas genéticas que se practicaron sobre toallas y ropa de cama secuestradas en la quinta del principal acusado.
fuente: El Diario De La Pampa
