El ex intendente Bravo quedó a un paso del juicio oral y público. La Fiscalía pidió el sobreseimiento de los cinco ediles del MPV. La acusación tiene similitudes con la condena por abuso de autoridad a Juan Carlos Tierno.
El fiscal Jorge Marcelo Amado le pidió al juez Héctor Freigedo que eleve a juicio oral y público la causa en la que acusan al ex intendente de 25 de Mayo, David Bravo, por abuso de autoridad y peculado. El jefe comunal está acusado de haber girado fondos de regalías petroleras a la Coospu para evadir controles administrativos. El magistrado tomó como referencia la condena aplicada a Juan Carlos Tierno por extender ilegalmente a través de una simple resolución el presupuesto de 2014.
En 2012 el entonces intendente de 25 de Mayo, David Bravo, envió al Concejo un proyecto de ordenanza para que lo autoricen a firmar un convenio con la Coospu para girarle parte de los fondos de coparticipación por regalías petroleras. El cuerpo deliberativo lo aprobó con los votos de cinco concejales del Movimiento Popular Veinticinqueño y otros tres ediles del PJ votaron en contra.
Los ediles opositores, Ricardo Poyo, María Pineda y José Bustos, llevaron su queja por éste tema a la justicia ordinaria en noviembre de 2012. En su presentación judicial aseguran que la ordenanza avala el uso de fondos públicos sin el debido control.
En junio de 2013, hubo una nueva denuncia ante la fiscal Susana Alvarez. Esta vez la presentación fue de 16 asociados a la Coospu, patrocinados por el abogado Omar Gebruers. Los vecinos dijeron haber advertido irregularidades luego de que en agosto de 2012 se hizo cargo de la entidad una conducción vinculada al intendente Bravo que encabezó Oscar Lescano. Posteriormente el juez Freigedo procesó a Bravo y a los ediles del MPV que autorizaron el convenio.
Juicio oral y público.
Ahora se está cumpliendo con una nueva instancia que es el pedido de elevación a juicio por parte del Ministerio Público Fiscal. En los últimos días de octubre Amado, ejerciendo su función, le sugirió a Freigedo el sobreseimiento de los cinco ediles y que lleve a Bravo a juicio oral y público formulando la acusación de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos en concurso ideal con peculado”.
El jefe de Fiscales justificó que el pedido de sobreseimiento para los concejales Nicanor Romero, Roberto Molina, Bernardo Pineda, José Zapata Fernández y Graciela Retamales, es porque “no existen elementos de convicción suficientes para avanzar a una etapa de juicio”.
En otras palabras, el material probatorio acopiado en la causa “no sería posible la acreditación” del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Pero su pedido de elevación a juicio fue incisivo. “El acusado, Edgardo David Bravo, en su carácter de intendente, es quien ha cometido los hechos que se le imputan, atento que los proyectos de ordenanzas (autorizando los convenios con la Coospu) fueron presentados por el Poder Ejecutivo, creaciones del titular de ésa cartera, quien resultó el ideólogo de la maniobra. El fiscal le atribuye, además, que con ésta trampa legal pretendió evadir los controles del Estado para ejercer una “administración cuasi discrecional mediante simples convenios” de unos 1,5 millones entre 2013 y 2014.
Similitudes con tierno
El Fiscal Jorge Amado apoyó la formulación de la acusación contra David Bravo apelando a jurisprudencia de la Justicia Provincial que sentó la causa en la que el ex intendente de Santa Rosa, Juan Carlos Tierno, quien fue condenado por abuso de autoridad al prorrogar mediante una resolución el presupuesto municipal en 2014. El funcionario judicial citó en su posición como fiscal “las similitudes que guarda éste caso con el de Tierno”.
Es llamativa la comparación porque hay muchos puntos en común entre las actitudes de omnipotencia de Bravo con las del fugaz intendente de Santa Rosa. “Juan Carlos Tierno sabía acabadamente que de ningún modo podía dictar una resolución como la cuestionada, no solo por el hecho de ser abogado, motivo por la cual debe conocer la ley aplicable. Lo que permite sostener, sin lugar a dudas, el conocimiento que el mismo tenía del funcionamiento y de las atribuciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Sabía que con el dictado -de la resolución- está burlando la legislación municipal, por lo que, su intervención, tanto en la confección como en su pretensión de ponerla en funcionamiento, conociendo que no estaba facultado para ello, demuestran la intención dolosa”, argumentó Amado.
