(General Acha) – La audiencia de formalización se llevó a cabo ayer por la mañana en la sede judicial de calle Don Bosco 665, ante el Juez de Control Héctor Alberto Freigedo. En la oportunidad, el fiscal Méndez -subroga a su par Rafael Alejando Maso Mendiburu-, informó a Bravo cuáles son los hechos imputados, y su correspondiente calificación legal. Además del defensor particular de Bravo, Armando Agüero. También estuvo presente el abogado Omar Gebruers, en su calidad de querellante particular, en representación de la Cooperativa Regional de Provisión de Servicios Públicos y Sociales del Oeste Pampeano Limitada (Coospu). Los hechos fueron encuadrados en los delitos previstos en los artículos 248 y 261 del Código Penal Argentino, en concurso ideal (artículo 54).
El juez Freigedo no hizo lugar a los planteos y solicitudes efectuados por el querellante particular Omar Gebruers, quien pretendía que los hechos fueran encuadrados en los artículos 210 (Asociación ilícita), 248, 260 y 249, todos del Código Penal. Además, pidió que se dictara la prisión preventiva al ex jefe comunal vernista, porque entendía que había peligros de obstaculización y de fuga, lo que finalmente no fue aceptado por el magistrado. No obstante, Gebruers adhirió a la calificación legal que la fiscalía fijó de manera provisoria.
Antes de la realización de la audiencia de formalización, David “Sapito” Bravo se hizo presente junto a su defensor Armando Agüero ante la fiscalía, donde se le amplió la declaración que oportunamente había prestado.
En realidad lo que se le atribuye a Bravo es haber hecho numerosas transferencias bancarias a cuentas de la Coospu por una suma total que superaría el 1.200.000 pesos. Los movimientos los hizo en su carácter de intendente de 25 de Mayo, previo promulgar diferentes ordenanzas aprobadas por el Concejo Deliberante, por medio de las cuales se autorizaba a realizar convenios con la Cooperativa para la ejecución de importantes obras.
Denuncia.
La causa que fue recientemente formalizada a Bravo, deviene de una denuncia penal presentada en noviembre de 2012 por los concejales Ricardo Poyo, María Mercedes Pineda y José Alejandro Bustos.
En aquella ocasión los ediles votaron en contra de una ordenanza que finalmente salió sin los dos tercios exigidos por ley, y a través de la cual se aprobaba un convenio entre la Municipalidad y la Coospu, autorizándose a Bravo a transferir abultadas sumas de dinero provenientes de las regalías petroleras, con el fin de realizar varias obras. En su presentación judicial aseguraron que la ordenanza avala el uso de fondos públicos sin el debido control. Pero, además, que fueron sancionadas en forma irregular porque se dio por aprobada con mayoría simple pero correspondía mayoría especial.
Posteriormente, en junio de 2013, hubo una nueva denuncia ante la fiscala Susana Álvarez de Santa Rosa. Esta vez la presentación fue de 16 asociados a la Coospu, patrocinados por el abogado Omar Gebruers. Los vecinos dijeron haber advertido irregularidades luego de que en agosto de 2012 se hizo cargo de la entidad una conducción vinculada a Bravo.
Aseguraron que advirtieron maniobras orientadas a producir el vaciamiento económico de la Coospu, mediante el endeudamiento con la Administración Provincial de Energía por falta de pagos de las facturas mensuales de energía eléctrica, entrega indiscriminada y en condiciones especiales, a distintas personas, de electrodomésticos que estaban para la venta, pagos de grandes sumas a proveedores sin que la Cooperativa haya recibido contraprestación alguna.
Por último, cabe recordarse que el cuestionado ex intendente fue condenado a siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación por haber cometido el delito de abuso de autoridad. La sentencia fue dictada el 12 de marzo de 2013, pero por los recursos presentados por la defensa de David Bravo pudo finalizar su mandato en el Ejecutivo de 25 de Mayo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el fallo, por lo que deberá cumplir la condena que recayó en su contra.
Presentaron declaración
Los cinco concejales de la anterior gestión Luis Nicanor Romero, Graciela Liliana Retamales, Roberto Andrés Molina, José Bernardo Pineda, y José María Zapata Fernández, ya prestaron declaración en calidad de imputados en la misma causa en la que se encuentra implicado en ex intendente de 25 de Mayo, David Bravo.
La audiencia de formalización realizada en contra de los miembros del anterior cuerpo deliberativo de ese pueblo, se desarrolló a mediados de noviembre del año pasado, cuando aún se encontraban en funciones. A diferencia de Bravo, se les atribuyó haber cometido el delito de violación de los deberes de funcionario público, previsto en el Código Penal Argentino.
En aquella ocasión el juez de Control Héctor Freigedo consideró que no se daban las condiciones para imputarles a los ediles el delito de asociación ilícita, de modo tal que la causa quedó formalizada de manera provisoria por la comisión del delito ya mencionado.
Ahora la Fiscalía proseguirá con la investigación con el objeto de reunir los elementos probatorios necesarios para determinar si corresponde acusar a los imputados. Si esto finalmente sucede, tendrán que ir a juicio oral y público por las conductas que les atribuye haber cometido a los cinco concejales.
