Viernes 19 de Enero de 2018
El gobierno provincial, con el respaldo de entidades intermedias y representantes oficiales y no gubernamentales, reprochó la arbitrariedad del laudo presidencial respecto de Portezuelo del Viento y denunció que se ocultaron documentos y que la verdadera intención es concretar el trasvase del río Grande al Atuel.
El gobierno pampeano acudirá ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare la nulidad del laudo presidencial en el marco del conflicto por Portezuelo del Viento. Así lo confirmó este jueves el gobernador Carlos Verna, durante una conferencia de prensa en la que -junto con representantes de diversas organizaciones oficiales y no gubernamentales- señaló notables debilidades de la decisión del presidente Mauricio Macri.
No se pedirá la habilitación de la feria: La Pampa aun estudia qué tipo de planteo hacer. La interpretación de los funcionarios provinciales es que la obra no puede ni siquiera licitarse mientras no se aclare la situación del estudio de impacto ambiental.
El laudo en beneficio de Mendoza y que perjudica el interés de La Pampa fue atacado desde lo político, lo legal y jurídico y lo administrativo: el gobierno pampeano acusa al macrismo de ocultarle información clave del proceso, de resolver de manera arbitraria y de acomodar los hechos para privilegiar la posición cuyana y a su gobernador Alfredo Cornejo, radical, presidente de la UCR, referente central de Cambiemos y posible candidato a vicepresidente.
Verna aclaró que el laudo no lo sorprendió (“a mí ni a ninguno”), pero renegó de que en el punto 4º del laudo se convoca al “diálogo” del COIRCO: señaló la “contradicción” en que incurre el oficialismo nacional, porque el ministro del Interior Rogelio Frigerio “rehúye” la responsabilidad de convocar al organismo, que no fue llamado a deliberar ni siquiera una vez durante todo el año pasado.
“Es algo que ya pasó antes: (Pablo) Bereciartúa (secretario de Recursos Hídricos de la Nación) huyó el día de la audiencia pública en la Corte y sigue huyendo”.
“Preocupa, y mucho, que Mendoza manifiesta que Portezuelo del Viento es una obra provincial, local”, dijo Verna. Reprochó que ese emprendimiento supuestamente local se hace en un río interprovincial, con financiación del Estado Nacional.
La inquietud es mayor porque Mendoza interpreta, con respaldo macrista, que la obra pasaría a ser parte del “sistema eléctrico provincial de Mendoza”.
“Si efectivamente va a ser así, ¿qué autoridad va a tener el COIRCO?”, se preguntó retóricamente el gobernador. Y se respondió: “Ya conocemos cómo se maneja Mendoza con Los Nihuiles, así que lo que haga podrá sorprender al resto de las provincias, pero a nosotros no nos va a sorprender”.
El jefe del Ejecutivo le reprochó al presidente que “para rechazar la recusación sostiene que las posiciones de Mendoza y la provincia de Buenos Aires son irrefutables, pero resulta que en el laudo se hace referencia a un informe de mayo de 2017”. Una fuerte curiosidad es que La Pampa pidió la recusación de Macri por dichos que pronunció en enero de 2018, en Gaiman y en San Rafael. “Si a un planteo que se hace respecto de 2018 se contesta con una situación del 31 de mayo de 2017, el laudo ya estaba escrito y le faltaba la firma”, dedujo Verna.
Dijo que de manera caprichosa, pero interesada, el gobierno nacional toma en cuenta algunas decisiones del Comité Ejecutivo de COIRCO y otras las desecha bajo la excusa de que no tienen aval del Consejo de Gobierno del mismo organismo.
Ejemplificó que para beneficiar a Mendoza se consideró “no revisable” una decisión del Comité que se adoptó por mayoría (no unánime), pero sin embargo interpretó que el acta 6/92 -que señala que el gobierno mendocino afirma que la obra de Portezuelo no implica el trasvase del río Grande al Atuel- es un “documento no aprobado” porque no tiene aval del Consejo de Gobierno.
“Esto demuestra el grado de debilidad al que han llevado al COIRCO”, sentenció. Verna dijo que aunque se plantea que Portezuelo podría generar 210 megas, en realidad tendría una capacidad máxima de 76. La Pampa cree que el interés viene por otro lado: “si lo que quieren es energía, ¿por qué no hicieron turbinas en vez de un embalse? Es porque piensan en una segunda etapa, que es el trasvase del Grande al Atuel”.
La camiseta puesta y la prueba escondida
El procurador general de la provincia, Hernán Pérez Araujo, insistió en que el laudo presidencial respecto de Portezuelo es de una “nulidad manifiesta”. Explicó que en todo caso el Ejecutivo nacional cerró “la vía administrativa”, pero se abre una instancia judicial.
El funcionario no respondió si la presentación ante la Corte puede estar acompañada de un amparo para que se frene el trámite relacionado con la obra. La Pampa interpreta, de todos modos, que todavía no puede hacerse la licitación.
Pérez Araujo usó una metáfora futbolera: “acá el árbitro jugaba con la camiseta de Mendoza”, dijo en referencia al presidente Mauricio Macri y el interés que privilegió con su decisión.
“Se viene una pelea cuyos tiempos los determinará la Corte. Hay cuestiones que atentan contra la institucionalidad del COIRCO”, añadió.
La Provincia recordó que en su momento la Fundación Chadileuvú hizo una presentación judicial para que la obra se frene. Ese expediente está avanzado: la Procuración, a nivel nacional, le dio aval, y los ministros del máximo organismo judicial tendrán que fijar posición en algún momento.
“Entendemos que no puede llamarse a licitación sin el estudio de impacto ambiental de toda la cuenca”, aseveraron los funcionarios y afirmaron que pedirán que se suspenda la licitación si no se hace ese estudio.
Pérez Araujo reveló además que “todos los argumentos técnicos de La Pampa fueron rebatidos en base a un informe de Bereciartúa que no vimos nunca. Es una prueba jamás controlada por La Pampa, no está en la documental. Violaron el derecho de defensa”, acusó. El gobernador Verna comparó esa situación con los planteos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el sentido de que los informes de Prefectura o Gendarmería “son irrefutables”.
