Los diputados nacionales de la UCR pampeana, Francisco Torroba y Daniel Kroneberger, brindaron ayer una rueda de prensa en la sede del partido centenario, en la calle Pellegrini de esta capital. Allí anticiparon que cuando se reinicie la actividad en el Congreso de la Nación presentarán un proyecto de ley por el cual se derogará el artículo 76 de la Ley 26078 que impuso a las provincias la detracción de un 15% de lo que les correspondía por coparticipación para destinarlo a financiar las cuentas de la Anses.
«Con Daniel Kroneberger vamos a proponer, una vez que se habilite el período de sesiones ordinarias, la derogación del artículo 76 de la ley 26078. Esta ley hace referencia a la pérdida de la coparticipación plena de las provincias, a la retención del 15% de la coparticipación nacional. En segundo lugar, también queremos expresar la necesidad que tiene el radicalismo de La Pampa, de plantear que el Ejecutivo provincial, que debió en su momento solicitar la declaración de inconstitucionalidad del artículo 76, plantee judicialmente la inconstitucionalidad de este artículo», dijo Torroba.
De Alfonsín a Néstor.
Para clarificar este pedido, el diputado hizo un racconto histórico de la legislación al respecto. «En el año 1988, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, se dicta la ley convenio 23548, que hacía un reparto de la recaudación nacional (la coparticipación primaria): un 50% para Nación y la mitad restante, para la provincia», comenzó.
Siguió con lo actuado durante el primer período menemista: «Para 1992, durante el gobierno de Carlos Menem, se dicta un pacto que duraba un año, por el cual las provincias cedían a Nación el 15% de esta recaudación, y a su vez, cedían 43.800.000 pesos que Nación retenía de esta coparticipación plena y la distribuía en distintas provincias; entre ellas, 2.500.000 pesos para La Pampa».
Torroba explicó que aquel convenio (entre Nación y provincias) había sido aprobado por el Congreso de la Nación y las Legislaturas provinciales. «En el año 1993, se aprueba el ‘Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento’, con similares características. La medida vuelve a ser ratificada por el Congreso y las Legislaturas», siguió.
Dos años después, en 1995, se volvió a prorrogar el convenio hasta 1999, siempre con la misma característica. «Era una relación bilateral entre provincia y el gobierno federal. En 1999 se firma el acuerdo ‘Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal’, aprobado por la ley 25400 de Nación; todas las legislaturas vuelven a ratificar este acuerdo; con prórroga en el año 2000 hasta 2005», continuó.
Las demandas.
Torroba analizó que fueron 14 años de vigencia de tres pactos federales con las mismas características: Nación aprobaba con una ley del Congreso y cada legislatura provincial también. «En 2005, esta concertación federal se rompe y el gobierno nacional, de forma unilateral, dicta en el artículo 76 de la ley de Presupuesto de ese año, que le faculta a retener el 15% que se venía reteniendo por pactos», dijo.
El diputado señaló que, a partir de ese momento, todos los estados provinciales estuvieron en condiciones de plantear la inconstitucionalidad de este artículo. Situación que se daba porque la Corte fue clara y «estableció que a partir de la reforma constitucional del año 1994, la coparticipación federal era materia bilateral entre Nación y provincia; y además, le daba un status especial a las leyes convenio», declaró.
Solo cinco años.
Con esos fundamentos, el legislador radical aseguró que, junto a Kroneberger, iba a plantear la derogación del artículo 76. «La Pampa pudo plantear la inconstitucionalidad en 2006 y no lo hizo, al igual que los siguientes años hasta 2015. No haberlo hecho significa que cuando lo haga y la Corte decida que se le reintegren los fondos que fueron mal retenidos, la prescripción le va a permitir recuperar cinco años posteriores, pero no los diez años que se retuvo la coparticipación plena: esto quiere decir que La Pampa, de acuerdo al fallo de la CSJN, perderá lo retenido desde 2006 hasta 2010; equivalente a 8.000 a 10.000 viviendas y que pudo haber paliado sustancialmente el déficit habitacional», estimó.
Por último, recalcó que solicitarán que se remita «por carta documento, la intimación para suspender la prescripción y el reclamo a la CSJN de la declaración de la inconstitucionalidad del artículo 76».
Las únicas provincias que se opusieron a la detracción del 15% fueron Córdoba, Santa Fe y San Luis, quienes lograron un fallo favorable de la Corte en noviembre de 2015.
Artículo polémico
El mencionado ítem que las autoridades de la UCR pampeana quieren que se derogue establece literalmente «prorrógase durante la vigencia de los impuestos respectivos, o hasta la sanción de la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, lo que ocurra primero, la distribución del producido de los tributos prevista en las Leyes 24977, 25067 y sus modificatorias, Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997 y sus modificatorias), 24130, 23966 (t.o. 1997 y sus modificatorias), 24464 -artículo 5°-, 24699 y modificatorias, 25226 y modificatorias y 25239 -artículo 11-, modificatoria de la Ley 24625, y prorróganse por cinco años los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley 25239.
«En la oposición»
Francisco Torroba adhirió a la declaración del diputado provincial frepamista, Ricardo Consiglio, quien solicitó que la presidencia del Tribunal de Cuentas (TdeC) recaiga en manos de la UCR. Al respecto, el legislador nacional reparó en que «compartimos los dichos de Consiglio, que es la expresión de una postura histórica del radicalismo: que los órganos de contralor deben estar en manos de la oposición».
Recordó que durante su gestión como intendente de Santa Rosa, entre 2008 y 2011, la presidencia del Cuerpo de Relatores fue ofrecida a un técnico vinculado al PJ, principal fuerza opositora en el Concejo Deliberante. «Le dimos la presidencia del Cuerpo de Relatores al justicialismo porque entendíamos que debían controlarnos. Podemos avanzar en una contribución para una mayor transparencia de la provincia», sostuvo.
En ese sentido, recordó que existen rankings de transparencia en la gestión pública que ubican a La Pampa en el puesto 22, entre los 24 distritos del país.
Consiglio, presente en la rueda de prensa, agregó que Verna, cuando se reunió en la Legislatura con los diputados salientes, prometió que la UCR iba a tener un integrante en el TdeC. «Los legisladores salientes le prometieron a nuestro bloque, antes de que terminara su mandato (mencionó a Daniel Lovera), la presidencia del TdeC», sentenció.
«Verna le tuvo miedo a Néstor»
«Verna era gobernador en 2006 cuando lo del 15 por ciento de la coparticipación. En ese momento debió presentar una demanda de inconstitucionalidad, como lo hicieron San Luis, Santa Fe y Córdoba, y que consiguieron el fallo favorable de la Corte», sostuvo Francisco Torroba.
Remarcó esta situación porque hace algunos días el actual gobernador se quejó de su predecesor Oscar Mario Jorge, que «por tenerle miedo a Cristina» no presentó la demanda por la restitución de esos fondos.
«Con ese criterio, Verna le tuvo miedo a Néstor (Kirchner, presidente de la Nación en 2006)», acotó Torroba.
«Verna debió pedir en ese momento la derogación del articulo 76 de la Ley 26078 (incorporado por el Ejecutivo sin que haya sido autorizada por el Congreso) y hoy nuestra provincia no sólo perdió esos fondos desde el año 2006 y no de 2010, producto de la prescripción», sostuvo el diputado.
Agregó que con la carta documento que el gobernador Verna elevó recientemente a Nación por este tema, se suspende la ejecución del artículo, pero para la cuestión de fondo debe haber una demanda, como la presentada por las tres provincias».
El cuestionamiento radical también apunta a los que eran legisladores nacionales del PJ en 2006, que acompañaron lo determinado por el Poder Ejecutivo y que terminó con la inconstitucionalidad del artículo 76.
En función de esto, el bloque de legisladores nacionales de la UCR pedirán una sesión para que el Congreso derogue el citado artículo. «La ex presidente Fernández de Kirchner en vez de emitir un decreto (dejando sin efecto la retención del 15 por ciento), algo que no sirve para derogar una ley, debió haber convocado a los parlamentarios el 30 de noviembre para que lo trataran», se quejó el presidente de la UCR pampeana.
