Santa Rosa, lunes 24 de julio de 2017
El Gobierno Federal, mediante varios acuerdos, ratificados por leyes nacionales y provinciales, se comprometió a contribuir al financiamiento de los Regímenes de Previsión Social para el Personal Civil y Docente, así como del Sistema de Retiros de la Policía de La Provincia, cubriendo los déficits previsionales, en el caso del Policial en forma total, y en el resto teniendo en cuenta el 75% de los haberes, ya que el 7% restante es cubierto por el Fondo Complementario de los Regímenes Civil y Docente, administrado por el ISS.
Al comienzo de la actual gestión se adeudaban los déficit de 2009 en adelante, habiendo solicitado las auditorías desde dicho año, comenzando el Gobierno Federal por el año 2015 y 2016, habiendo cancelado la determinación del año 2015 y adelantando $400 millones del año 2016.
Pero al reclamar la deuda según la auditoría del año 2016, el Gobierno Federal, a través del ANSES, cambió el criterio, y aplicó una “multa” del 40% ($332.000.000), por no haber bajado los haberes jubilatorios ni aplicado la movilidad nacional.
Es la primera vez en la relación Nación-Provincia, con el tema previsional, que se nos quiere aleccionar a fin de producir la baja de las jubilaciones y pensiones actuales y futuras, y su sistema de movilidad, y adecuarlo al vigente a nivel nacional.
No ha entendido este Gobierno Federal que la Nación, en los acuerdos de gestiones anteriores, y que ellos mismos han ratificado mediante la firma por el ejercicio 2015 y adelanto del 2016; que es un sistema de contribución al financiamiento de nuestro sistema, al no haber transferido el sistema como otras provincias; y no una aplicación de la normativa nacional, ya que todas las diferencias de normativas a favor del jubilado actual y futuro son soportadas por el sistema, a través del Fondo Complementario de los Regímenes Civil y Docente y, en su caso, rentas generales para el Policial.
Es por estas razones que, este Gobierno no piensa bajar las jubilaciones actuales y futuras, ni cambiar su sistema de movilidad, y sí hacer exigir sus derechos ante las obligaciones asumidas por el Gobierno Federal en iguales condiciones que las que se han exigido a la fecha; y por lo tanto instruir al Fiscal de Estado, mediante el dictado del Decreto Nº 2198/17 del día 21-07-2017, a fin de iniciar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para exigir el cobro no solucionado a través de las vías administrativas y políticas.
