Madrid, jueves 20 de abril de 2017
La investigación llevada adelante por la Policía Nacional de España, con la coordinación de la Oficina de la Policía Europea (Europol) y de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) investiga a 135 usuarios ubicados en 18 países de Europa, Centroamérica y Sudamérica.
En este contexto, además, fueron investigados 96 grupos de exclusiva temática pedófila en dicho servicio de mensajería instantánea.
Diecisiete de los investigados son de España, nueve de Alemania, 11 de Argentina, seis de Bolivia, 20 de Brasil, dos de Chile, nueve de Colombia, dos de Costa Rica, dos de Ecuador, uno de El Salvador, dos de Guatemala, cuatro de Italia, 28 de México, dos de Paraguay, 19 de Perú y uno de Portugal.
De ese total, hasta el momento han sido arrestadas 32 personas, pero la investigación continúa abierta a la espera de nuevas detenciones, según indicaron fuentes policiales.
«Los agentes analizaron más de 360.000 archivos multimedia que implican a los arrestados y localizaron en uno de los registros, practicado en Lugo, noroeste de España, en la comunidad autónoma de Galicia, numeroso material manuscrito que contenía nombres, edades y lugares de encuentros con menores, algunos de ellos fechados hace veinte años», según indicó la policía española en un comunicado de prensa.
«La investigación fue iniciada en junio de 2016 por la Unidad de Investigación Tecnológica a raíz de la detección de un enlace en la red TOR (The Onion Router) -conjunto de servidores que permite la anonimización de la IP de los usuarios- donde se invitaba a participar en un grupo de chat para intercambiar pornografía infantil», según información facilitada por la policía española.
«Esta URL redirigía a un repositorio en el cual se facilitaban las instrucciones de acceso, a través de redes anónimas, a una comunidad de pedófilos existente en un servicio de mensajería instantánea. Con las primeras gestiones se detectó la existencia de un número elevado de enlaces de invitación a grupos ubicados en WhatsApp, abiertos a todos los usuarios», explicó el comisario de jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional de España en rueda de prensa, Rafael Pérez.
«Los investigadores verificaron que en estos chats se intercambiaban todo tipo de archivos multimedia con contenidos relacionados con la explotación sexual infantil e incluían, en muchos de ellos, enlaces de descarga al espacio virtual que los albergaba. Los archivos de imagen y video que distribuían se caracterizaban por un trato vejatorio y degradante infligido a menores de edades comprendidas entre los cero y los ocho años», según información proporcionada policía española.
Además, los administradores habían establecido criterios para la admisión y expulsión de sus miembros, así como la moderación de los contenidos accesibles, incluso utilizaban una terminología especifica habitual en ambientes pedófilos.
Avanzada la investigación, se consiguió detectar alrededor de 96 grupos de WhatsApp, así como 103 distribuidores ubicados en diferentes países, de los cuales 17 de ellos residían en España. Tras realizar el análisis minucioso de los grupos investigados se precisaron los usuarios dedicados exclusivamente al intercambio y distribución de pornografía infantil y así se comprobó la existencia de objetivos en 18 países ubicados en Sudamérica, Centroamérica y Europa, siendo España uno de los más activos y comprometidos.
Después de sucesivas reuniones internacionales celebradas en La Haya, se acordó una actuación conjunta para la identificación de los sospechosos y la salvaguarda de pruebas.
Siguiendo esta premisa, en el marco de la Oficina Europea de Policía o Europol, se estableció un canal de comunicación bidireccional con los responsables de las unidades de delitos tecnológicos en Alemania, Italia y Portugal.
A través de Interpol se coordinó la actuación con doce países de Centroamérica y Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y Perú.
Concretamente en España, se efectuaron 19 registros domiciliarios en los que se ha intervenido 23 teléfonos móviles, siete ordenadores portátiles, una tablet, tres cámaras de fotos, diez discos duros externos, diez pendrives, nueve tarjetas SD de gran capacidad de almacenamiento y 64 DVD.
«Las redes sociales sobredimensionan el Grooming o acoso de un adulto hacia un menor a través de las nuevas tecnologías, sobre todo a través del uso de chats, redes sociales u otra tipología de foros, para propiciar un abuso sexual», explicó a Télam un ex comisario de la policía española experto en cibercrimen que pide que no se lo identifique.
«Los adultos que operan estas prácticas, denominados groomers, se hacen pasar por menores para poder contactar con ellos, ganarse su confianza, y lograr que le envíen fotos o videos comprometidos: con desnudos o actitudes sexuales explícitas, con las que luego chantajeará online a la víctima para concretar el abuso», agregó.
«Al momento no trascendió la filiación de los detenidos en España, aunque se irán conociendo más datos con el correr de las horas», explicó a Télam una fuente de la policía española.
«La operación comenzó en junio de 2016 pero recién se conocen los resultados ahora porque hay distintos países involucrados, y cada país tiene su legislación. No hay una unidad de criterio y ni siquiera una unidad de delito que tipifique qué es más delito o menos delito en este país que en otro, lleva su tiempo porque reviste las complejidades del caso», explicó a Télam, el experto en cibercrimen y ex comisario de policía de España.
«Se trata de una operación de características transnacionales, por la dimensión y el alcance que tiene en varios países».
«Es imprescindible que los padres delineen medidas de autoprotección en el uso de las TIC para sus hijos, informándoles sobre los posibles riesgos», explica el experto en cibercrimen.
«No hacer pública la información personal, no colgar fotos en sites públicos y autentificar la identidad de los contactos es básico para evitar el grooming», agrega.
Y también recomienda, «guardar las pruebas en casos en que el acoso persista como imágenes de pantalla, contenidos de lso mensajes de chat, SMS, WhatsApp, etc».
