(Telam).- La asociación Justicia Legítima advirtió hoy que las visitas de jueces y fiscales a la residencia de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri «revisten una gravedad institucional extrema» porque implican una «ruptura grosera del principio de división de poderes».
A través de un comunicado, Justicia Legítima sostuvo que «los registros publicados muestran que esas reuniones se concretaron en fechas que resultan coincidentes con pronunciamientos de esos mismos jueces o de los tribunales que integran, en causas seguidas en contra de integrantes de la oposición política, empresarios o titulares de medios de comunicación».
Esos fallos, añadió la asociación, «fueron siempre en sentido favorable a las expectativas y exigencias del Gobierno de aquel momento –muchas veces hechas públicas-, acerca de cómo debía actuar el sistema de administración de justicia en esas causas».
Por eso, la asociación de jueces consideró que esas visitas «revisten una gravedad institucional extrema, ya que conllevan una ruptura grosera del principio de división de poderes, al revelar una vinculación espuria y de sujeción del sistema de administración de Justicia al poder político, económico y mediático (art. 109 CN), colocando a la ciudadanía a merced de las decisiones judiciales tomadas a requerimiento de esos sectores, eliminando así el último resguardo de esa ciudadanía frente a la arbitrariedad en cualquiera de sus formas».
«La salud institucional y democrática de la república exige una rápida intervención de los estamentos legalmente previstos para los casos de conductas incompatibles con la función judicial o en el Poder Ejecutivo que desempeñan estas personas, a efectos de poner fin de manera tajante y ejemplificadora a esas prácticas que configuran el mecanismo denominado lawfare», indicó.
Y concluyó: «Ningún funcionario/a ni magistrado/a perteneciente a Justicia Legítima llevó a cabo conductas a las que se hace referencia».
El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, evaluó hoy que los jueces y fiscales que visitaban a Macri durante su gestión son los «espadachines» de la persecución judicial desplegada por Cambiemos contra Cristina Fernández de Kirchner, mientras el Consejo de la Magistratura recibió una nueva denuncia por esas visitas, esta vez del camarista federal Mariano Borinsky.
